Los presos de las cárceles de Tailandia viven hacinados y muchos de ellos están encadenados, según ha denunciado la organización independiente tailandesa Unión por las Libertades Civiles en un informe publicado este martes con el que pretende mejorar las condiciones de los reclusos.
Los centros penitenciarios del país asiático fueron construidos para albergar a unas 100.000 personas, pero, según los datos del Gobierno, actualmente la población carcelaria es más del doble de esa cifra. Como consecuencia, las condiciones en las que viven los presos son "terribles", según la ONG.
El informe señala que los reclusos tienen que dormir en el suelo formando apretadas hileras en las que cada uno dispone, de media, de un espacio de un metro cuadrado, pese a que el Consejo de Europa dice que la superficie mínima debe ser de seis metros cuadrados.
El presidente de la Unión por las Libertades Civiles, Danthong Breen, ha afirmado que "el nivel de hacinamiento es cruel e inhumano". "En las cárceles de mujeres es especialmente grave, puede haber 200 mujeres en una sola celda", ha declarado a la cadena británica BBC.
Breen ha explicado que "si una tiene que levantarse por la noche para ir al servicio, se mueven todas un poco, y cuando vuelve ya no tiene hueco y tiene que permanecer de pie toda la noche".
Otro gran problema, además de la falta de atención médica para los presos, es el uso generalizado de grilletes, según la organización. Los reclusos que tienen que pasar mucho tiempo entre rejas son encadenados, y permanecen así hasta que han cumplido su sentencia, incluso estando enfermos.
FUENTE
La ONU ha criticado esta práctica, el Tribunal Constitucional de Tailandia la ha condenado y el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha comprometido a erradicarla. Sin embargo, el insuficiente número de guardias con que cuentan las cárceles --uno por cada 45 reclusos-- hace que sea complicado acabar con esta práctica.
Breen ha afirmado que los presos que tienen dinero pueden mejorar sus condiciones en todos los aspectos, pero la falta de fondos públicos ha paralizado la inversión en la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de personal adicional.
Ante estos problemas, la Unión por las Libertades Civiles sugiere que a algunas de las personas que son condenadas se les impongan penas que no impliquen su ingreso en prisión. Esta ONG calcula que al menos la mitad de las personas encarceladas cumplen condena por delitos relacionados con las drogas.
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